miércoles, 8 de abril de 2009

Le llevó al intendente las ovejas muertas por ataques de perros

Un productor de Río Mayo, al sur de Chubut, cargó en su camioneta las decenas de ovejas que murieron en su campo luego de ser atacadas por perros y las llevó al frente de la casa del intendente y de la policía de la localidad.

El problema afecta a numerosos productores de distintos puntos de la provincia.La matanza de animales ocurrió en el establecimiento rural “Don José”, ubicado a tres kilómetros de Río Mayo.

El lugar pertenece a la familia Mazquiarán cuyos miembros estimaron en 40 el número de ovejas muertas que tuvieron. A la hora de cuantificar los daños el propietario arribo a la conclusión de que la cantidad de animales muertos haciende a una suma de 6.000 pesos.

Esta situación no sólo afecta a la estancia “Don José” sino que también se han visto perjudicados a otros establecimientos que guardan cercanías con la localidad.
Este es el caso de la estancia “La Querencia” propiedad de Jorge Dasovich quien denuncio hace dos semanas una treintena de animales muertos por la misma causa.

Juan Mazquiarán responsabilizó a las autoridades municipales en cuanto a la aplicación de la ordenanza municipal para controlar los perros sueltos.

Un peón que realizaba la rutinaria recorrida del campo y se encontró con los animales diseminados en el valle muertos y otros con graves heridas propinadas por las mordeduras de varios perros.
Indignado el productor lanero optó por cargar en la caja de la camioneta unos 30 animales y llevarlos a la casa del intendente Rubén Carlos Fri para mostrarle lo ocurrido.

Mazquiarán es partidario de que se cree una perrera municipal para tener un mayor control de los perros. Otros productores proponen el censo y la puesta en marcha del plan de esterilización canina que aun desde el año 2007 se ha llevado a la práctica.

Publicado por INFOCHUBUT

Fuente y fotos: riomayo1935.blogspot.com

Tensión e incertidumbre para los empleados petroleros

La situación actual planteada por los operarios de la contratista MAGMA que ven peligrar su fuente laboral termino con una audiencia ayer 7 de abril a la hora 16:00 en el salón de conferencia de la Subsecretaria de Trabajo y Medio Ambiente de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Al convite falto la empresa EPSUR S.A que es quien debe dar las respuestas a la falta de pago de su rama interna denominada MAGMA.
Ante este panorama los operarios decidieron otorgar un plazo hasta la hora cero de hoy. Fuentes allegadas al reclamo nos comentaron que no se había depositado el monto adeudado. En este caso se habría acordado que PETROMINERA S.E se responsabilice de otorgar el pago de los sueldos adeudados.
En esta reunión se fijo una nueva audiencia para día 13 abril a la hora 14:00. Esta tendrá carácter de ultimátum y en caso de no encontrar respuestas se le pedirá al Gobierno Provincial una resolución para rescindir el contrato con EPSUR de forma terminante y de producirse esto PETROMINERA asumiría la responsabilidad del área hasta una nueva licitación.

De la reunión de hoy participaron Mario mansilla, Ángel Capurro, Miguel Vera, entre otros por el sindicato de petroleros. Por Petrominera lo hizo Carlos Carrizo y un total de doce operarios afectados del Área Mata Magallanes.
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Intendente de Río Mayo fue imputado por “sustracción de caudales públicos”

EN LA INVESTIGACION QUE SE FORMALIZO EN LA FISCALIA DE SARMIENTO TAMBIEN SE IMPUTO AL EX SECRETARIO DE GOBIERNO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO
El intendente de Río Mayo, Rubén Carlos Fri, y el ex secretario de Gobierno Municipal, Domingo Solá, están siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal de Sarmiento a partir de una denuncia radicada por el dirigente de la mesa municipal de ARI, Norberto Lamy. La causa en cuestión fue formalizada y en tal sentido al jefe comunal se le imputó el delito de “sustracción de caudales públicos”, mientras que para Solá la imputación tiene que ver con el “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Otro problema para Rubén Fri: está acusado por la justicia por “sustracción de caudales públicos”.

A partir de una denuncia efectuada por el dirigente de la mesa municipal del ARI Río Mayo, el Ministerio Público Fiscal formalizó la apertura de investigación contra el actual intendente, Rubén Carlos Fri, y el ex secretario de Gobierno, Domingo Solá.

En ese marco el titular del Ejecutivo de Río Mayo resultó imputado por el delito “sustracción de caudales públicos en calidad de autor”, mientras que su ex secretario de Gobierno fue imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según la investigación que lleva adelante el funcionario de Fiscalía, Julio Herrera, el intendente Fri habría incurrido en el mencionado delito durante 13 meses a contar desde enero de 2008 y mediante las resoluciones 40 y 41 del Ejecutivo, las cuales fueron registradas el 15 de enero de ese año.

En tal sentido las fuentes judiciales consultadas por Diario Patagónico señalaron que a través de dichas resoluciones se determinó otorgar un concepto no contemplado en el presupuesto anual, herramienta con la cual se permitió sustraer, de la esfera pública, caudales cuya administración le había sido conferida en su calidad de intendente.

Para los investigadores este concepto fue destinado a incrementar sus haberes en la suma de 1.500 pesos, algo que se produjo en forma unilateral y bajo el concepto de “dedicación funcional”.Además, se supo que también se estableció un adicional remunerativo y otro concepto como dedicación funcional para el ex secretario de Gobierno, Domingo Solá, los cuales tampoco habían sido contemplados en el presupuesto anual previsto.

Por tal motivo el funcionario de Fiscalía Julio Herrera también formalizó la investigación contra ex secretario de Gobierno, imputándolo en ese acto por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, en el cual habría incurrido en el mismo período que Fri, es decir desde enero de 2008 hasta febrero de 2009.

Al respecto se agregó que cumpliendo funciones como secretario de Gobierno Solá no habría impedido, ni rechazado el cobro adicional de 700 pesos más en sus haberes y bajo el concepto de dedicación funcional, maniobra por la cual llegó a cobrar 1.250 pesos sin haberse cumplido con los recaudos legales pertinentes.

A todo esto se debe mencionar que la malversación de caudales públicos y sus penas figuran en el capítulo VII del Código Penal Argentino y en su artículo 261 se señala que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

En tanto en el artículo anterior se indica que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados.

Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída”.
Publicado por Diario El Patagonico.