sábado, 24 de octubre de 2009

Concluyó en Gaiman el 4º Foro Provincial de Concejales del Chubut

Martínez Zapata expuso sobre transporte y seguridad vial en el encuentro que reunió a más de un centenar de ediles de 24 municipios
Las acciones que en materia de tránsito y seguridad vial viene impulsando el gobierno del Chubut en toda la provincia fueron expuestas este viernes en Gaiman por el subsecretario de Gobierno y Justicia, Diego Martínez Zapata, en el marco del cierre del 4º Foro Provincial de Concejales Chubutenses que reunió desde este jueves en la localidad valletana a más de un centenar de representantes legislativos de 24 municipios.
En su calidad además de presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial, el funcionario fue invitado especialmente a disertar sobre dichas temáticas, lo cual efectuó a lo largo de 90 minutos ante ediles de distintas localidades que participaron de la segunda jornada del evento desarrollado en el Centro “Arturo Roberts”.
El Foro dio comienzo este jueves con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, Máximo Pérez Catán; y los intendentes de Gaiman, Gabriel Restucha; y de Trelew, César Gustavo Mac Karthy; a fin de abordar temáticas vinculadas con la producción sustentable y el medio ambiente, el tránsito y el transporte.
TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
Fue en este marco que Martínez Zapata expuso a primeras horas de la mañana sobre “Transporte y Seguridad Vial”, centrando su disertación en la aplicación de la Ley Provincial nº 5833, y en los últimos avances relacionados con la emisión del carnet único provincial, el sistema de scoring y el registro único de infractores.
Asimismo, el subsecretario de Gobierno y Justicia puso en conocimiento de los concejales, quienes son los principales órganos de injerencia en esta temática, las características de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y de los Concejos Federal y Provincial de Seguridad Vial. En esa línea detalló sus principales acciones y la implementación en Chubut de los distintos programas encuadrados.
En la oportunidad se destacó además que Chubut es una de las provincias pioneras en implementar y adherirse al Registro Único de Infractores.
También se les informó a los ediles acerca del funcionamiento y las principales acciones desarrolladas por el REPAT (Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito).
CONTROLES DE TRÁNSITO
Durante su exposición en el 4º Foro Provincial de Concejales Chubutenses, Martínez Zapata realizó una detallada explicación de las principales iniciativas implementadas por la provincia en este último tiempo, como es el caso del programa denominado Conductor Responsable, el cual fue aplicado exitosamente en la última temporada estival por varios municipios, y que contó con la adherencia y el agradecimiento no sólo de los residentes y padres de familia de las diferentes localidades, sino también con la felicitación de varias Organizaciones No Gubernamentales vinculadas con la temática de seguridad vial.
Cabe destacar que por medio de estos programas y acciones se ha logrado disminuir considerablemente, en relación con el año anterior, la cantidad de accidentes de tránsito y víctimas fatales.
Asimismo, se hizo referencia a la puesta en marcha de controles de tránsito durante fines de semana largos y feriados, entre otros, detallando la colaboración y el trabajo mancomunado con las fuerzas policiales, municipios y Direcciones de Tránsito, entre otras instituciones. Por último, el funcionario del Ministerio de Gobierno dio a conocer las últimas novedades en torno al Programa de Concientización que se viene desarrollando respecto al manejo en dobles vías o dobles trochas.
Es de destacar el interés demostrado por los ediles sobre la temática tratada y el gran caudal de consultas realizadas por cada uno de los concejales presentes.

LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES YA SON LEY

El Senado ratificó la iniciativa del senador Guinle
El Senado de la Nación aprobó y convirtió en Ley el Proyecto del chubutense Marcelo Guinle que regula integralmente los derechos de los pacientes, consagra el derecho al acceso irrestricto a su historia clínica y a toda la información relacionada con su salud y posibles tratamientos terapéuticos, con el fin de garantizarle las mejores condiciones para el consentimiento o rechazo de las prácticas propuestas por un profesional o institución médica.
Se trata de derechos que hasta el momento han venido siendo consagrados de manera pacífica por la Justicia, pero que no contaban con una debida reglamentación legislativa, salvo en contadas excepciones. “El proyecto garantiza el acceso a la información en la relación médico-paciente a fin de que estos últimos puedan contar con toda la información necesaria y, al mismo tiempo, los profesionales tengan certeza sobre sus obligaciones y responsabilidades”, explicó Guinle.
La iniciativa, que a lo largo de su debate en las respectivas comisiones de ambas cámaras receptó aportes de distintos especialistas en bioética, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales, busca, básicamente, plasmar los siguientes derechos esenciales para los pacientes:
• Recibir una atención médica adecuada;
• Obtener un trato respetuoso y digno por parte de los profesionales de la salud;
• Recibir información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico y a consultar una segunda opinión (interconsulta).
• Confidencialidad de la información médica personal;
• Respeto a la autonomía de su voluntad de aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos; y
• Poder acceder al contenido de la historia o expediente clínico completo.
“Lo que se busca con esta norma es regular jurídicamente aspectos que antes eran obviados o directamente regulados exclusivamente por los usos y costumbres del ejercicio de la profesión médica”, explicó Guinle.
Una de las principales disposiciones de la ley es que declara a la historia clínica propiedad del paciente, razón por la cual le reconoce el derecho a recibir copia de ella en un plazo no mayor a 48 horas sin más trámite que el simple requerimiento del interesado. La ley también regula un aspecto de la práctica médica poco explotado por los pacientes.
Se trata de la autorización o rechazo previo del interesado a someterse a ciertos procedimientos terapéuticos.
Así, consagra el derecho de asentar "directivas anticipadas" en ese sentido. La única excepción a esta regla son las prácticas relacionadas con la eutanasia, que la norma declara como "inexistentes".
“Creemos que estamos ante un avance importante ya que al consagrar el derecho a la información, y reconocer la propiedad de la Historia Clínica en el paciente, estamos haciendo realmente operativo el llamado "Derecho a la Salud" garantizado por nuestra propia Constitución Nacional”, remarcó.
Repercusión La sanción de la ley fue celebrada por expertos en bioética del país. Según informó el diario La Nación, la definieron como “un avance significativo, una ley positiva, una posibilidad concreta que permite a los pacientes ser agentes autónomos”.
“Me parece bien que quede explícito que la historia clínica es también propiedad del paciente, ya que forma parte de una larga lucha por sus derechos. Es una forma de nivelar la relación medico-paciente, que hasta ahora ha sido totalmente asimétrica”, opinó el doctor Mario Sebastiani, miembro del Comité de Bioética del Hospital Italiano.
Como investigadora del Conicet y al mando del área de Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la doctora Florencia Luna también celebró en declaraciones en matutino porteño la sanción de esta norma, ya que permite a los pacientes ser agentes autónomos.
“Tener acceso al conocimiento es tener acceso al poder, lo que implica dar la posibilidad al paciente de hacerse cargo de su vida y de tratarlo como un sujeto moral”, señaló. Por su parte, la bióloga Susana Sommer, miembro del Comité Mundial de Ética en Ciencia y Tecnología de la Unesco (Comest), coincidió y señaló:
“Es una medida esclarecedora, y creo muy importante que la población en general sepa cuáles son sus derechos como paciente. Hasta ahora era un derecho implícito, pero, sin embargo, muchos profesionales graduados, gente académica y con alto nivel de formación, a los que doy cursos de ética en la universidad, tenían dudas sobre este aspecto, y más de una vez los escuché decir: «¡Ah, yo creí que no tenía derecho a pedir mi historia clínica!»”.